Asamblea Nacional de Nicaragua cancela otras 100 organizaciones civiles

(CNN Español) — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles un nuevo decreto legislativo por el que cancela la personería jurídica de otras 100 organizaciones de la sociedad civil por supuesto incumplimiento de la legislación reglamentaria. Con las últimas organizaciones prohibidas, los cierres totales en el país superan los 1.500 desde 2018, según un seguimiento del diario La Prensa y la agencia EFE.

El decreto fue aprobado con el voto favorable de 75 diputados de la gobernante bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ninguno en contra y la abstención de 16 diputados de partidos minoritarios.

Tal como se establece en la exposición de motivos, estas organizaciones han incumplido con las disposiciones de la Dirección General de Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Contra el Lavado de Dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre las organizaciones cerradas se encuentran la Asociación de Radio Comunicadores y organizaciones gremiales productivas como la Asociación de Cafeteros de Managua.

CNN ha intentado que algunas de las agencias cerradas reaccionen, pero sus funcionarios prefieren evitar comentarios y, dicen, centrarse en los informes de cierre que deben presentar a las autoridades.

El cierre de organizaciones de la sociedad civil es una preocupación constante de organismos humanitarios nacionales, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que declaró en mayo pasado que estas cancelaciones masivas violan el derecho a la libertad de asociación, afectan directamente a miles de beneficiarios de la organizaciones y desintegra el tejido social del país.

Organismos internacionales como el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales en una resolución aprobada el 12 de agosto.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el 16 de junio, en una actualización sobre la situación del país, su preocupación por la “reducción dramática del espacio cívico en el país” tras el cierre de cientos de organizaciones cívicas.