En una decisión que generó polémica, el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, ordenó desactivar los equipos especiales responsables de indagar casos relevantes de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país. Entre los conjuntos disueltos figuran el Equipo Especial Lava Jato —que reveló sobornos de Odebrecht a altos funcionarios peruanos—, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo Eficavip, orientado a delitos vinculados con protestas sociales, y el equipo que llevaba las pesquisas sobre la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto.
La medida, divulgada el 6 de enero, ha provocado un fuerte impacto dentro del escenario político y social de Perú. De acuerdo con Gálvez, los equipos “no han alcanzado los resultados previstos” y han propiciado “impunidad y persecución”. Asimismo, defendió la resolución como parte de un esfuerzo por concentrar las estrategias de persecución penal. Aun así, distintas organizaciones han señalado que esta determinación representa un evidente retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El fiscal interino, quien asumió el cargo en septiembre de 2025 en medio de acusaciones de irregularidades en su restitución como fiscal supremo, ha estado implicado en investigaciones relacionadas con la red de Los Cuellos Blancos. Anteriormente destituido en 2021 por interferencias en casos judiciales, Gálvez regresó al Ministerio Público tras decisiones muy criticadas. Esta relación ha llevado a sectores críticos a cuestionar las verdaderas intenciones detrás del desmantelamiento de los equipos especializados.
Por su parte, José Domingo Pérez, exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, defendió los logros de dicho grupo, señalando que su trabajo permitió condenar a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, además de imponer multas por más de 1.400 millones de dólares. Pérez enfatizó que esta decisión busca restaurar privilegios y detener investigaciones que incomodan a las altas esferas del poder político y económico.
Diversas voces del ámbito civil y defensores de derechos humanos han advertido sobre los peligros que implica esta decisión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos describió la acción como un “quiebre institucional” que pone en riesgo la búsqueda de justicia en casos emblemáticos. Amnistía Internacional igualmente manifestó inquietud ante el deterioro de los esfuerzos de investigación relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
En contraste, algunos sectores políticos han apoyado la decisión. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, elogió a Gálvez por la disolución de los equipos, calificándolos como herramientas de persecución política. Sin embargo, expertos y analistas temen que este cambio deje investigaciones clave en manos de fiscalías ordinarias con menos recursos y menor independencia.
A medida que la responsabilidad de estos casos se transfiere a otros órganos judiciales, aumenta la incertidumbre sobre el destino de procesos que hasta ahora han sido esenciales en la lucha contra la corrupción en el país, y la decisión de Gálvez llega en un punto decisivo para la justicia peruana, dejando a la sociedad civil a la expectativa de las repercusiones que este revés podría generar en los esfuerzos institucionales por eliminar la impunidad.
Procedencia: El País – https://elpais.com/america/2026-01-07/el-fiscal-general-de-peru-desmantela-los-equipos-especiales-que-investigaban-grandes-casos-de-corrupcion.html
