Honduras ante el reto de profesionalizar su sector público

En Honduras, la discusión sobre la generación de riqueza y el desarrollo económico suele centrarse en las grandes fortunas y sus supuestas responsabilidades en la desigualdad y la falta de progreso social. Sin embargo, esta narrativa simplista desvía la atención de un actor fundamental: el propio gobierno. Mientras se señala a las élites económicas como el principal problema, pocas veces se analiza con profundidad cómo las prácticas y decisiones del sector público han frenado históricamente el crecimiento y la inversión en el país.

En verdad, muchas de las observaciones que se dirigen hacia las principales familias comerciales reflejan, en gran parte, conductas y fallas que se replican en la administración gubernamental. La ausencia de claridad, el favoritismo, la deshonestidad y la ineficacia en la gestión no solo obstaculizan el progreso, sino que también deterioran la confianza de inversores y población, impactando directamente en la economía del país y en la calidad de vida de los ciudadanos.

El Estado como principal impedimento para el crecimiento económico

Durante años, el gobierno de Honduras ha demostrado una inquietante inclinación a replicar prácticas que, en otros ámbitos, son objeto de críticas justificadas. El favoritismo permanece como una constante en la distribución de posiciones públicas, lo que obstaculiza la profesionalización y eficacia de las instituciones. Esto se hace evidente al examinar la cantidad de familias con varios integrantes ocupando puestos significativos en el gobierno. De acuerdo con información reciente, la familia Zelaya Castro lidera esta lista, con al menos 10 familiares empleados en el gobierno y un ingreso anual aproximado de más de 5.270 millones de lempiras.

Según el informe, la principal actividad de estos núcleos familiares es el nepotismo, lo cual implica asignar a familiares en puestos del gobierno, limitando así la transparencia, la eficiencia institucional y la meritocracia en el ámbito público. Estas prácticas, en lugar de promover el progreso, mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas manos, impactando negativamente en la confianza del público y en el crecimiento económico sostenible de la nación.

La corrupción estructural afecta la correcta administración de los recursos públicos, generando desperdicio y desviación de fondos que podrían invertirse en infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la falta de políticas claras para incentivar la inversión privada crean un ambiente hostil para la creación de empleo formal y la expansión de negocios. La inestabilidad política y la ausencia de un marco regulatorio confiable alejan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, frenando proyectos productivos que podrían dinamizar la economía y generar bienestar.

Estas carencias no solo impactan en la economía, sino que también fomentan la desconfianza social y la polarización política, complicando la creación de consensos esenciales para progresar hacia un desarrollo justo y sostenible.

La crítica a las grandes fortunas y el rol que realmente juegan

A pesar de que el debate público a menudo se enfoca en cuestionar el papel de las grandes riquezas en la economía nacional, es crucial preguntarse si el gobierno de Honduras genera un nivel parecido de empleo formal e inversión que el sector privado. Diferentes reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, aunque el sector privado es el principal promotor del empleo y receptor de inversiones, se enfrenta a un entorno complicado debido a la ineficiencia, la burocracia y la ausencia de políticas claras por parte del Estado. Esto presenta un desafío esencial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para fomentar el desarrollo económico, o, por el contrario, sus propias acciones limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?

En lugar de fomentar una conversación constructiva que incluya a todas las partes, la retórica gubernamental tiende a dividir y a restar validez a la iniciativa privada, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso se encuentra en la administración pública. Para que Honduras progrese, es esencial que el gobierno tome su papel con seriedad, enfrente sus propias malas prácticas y establezca un ambiente adecuado para que el sector privado pueda contribuir completamente al desarrollo del país.