Fraude de Koriun Inversiones expone fallas en regulación financiera

El caso de Koriun Inversiones ha generado un intenso debate en Honduras, luego de que se revelara la existencia de un esquema Ponzi que afectó a más de 35.000 ciudadanos. La denuncia pública del diputado Edgardo «Chele» Castro ha puesto en el centro de la discusión la posible protección política y judicial que permitió el funcionamiento irregular de la empresa.

La acción de las autoridades, la garantía de fondos y la respuesta de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en el sistema bancario del país. La investigación sigue en marcha, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.

Fraude tipo Ponzi y actividades anómalas de Koriun Inversiones

Koriun Inversiones funcionaba con un esquema de Ponzi, que implica obtener dinero de nuevos inversionistas para retribuir ganancias a los anteriores, sin producir beneficios legítimos. La compañía ofrecía una ganancia semanal del 5 %, lo que se traduce en un 20 % al mes, garantizando a los clientes la recuperación de su capital en cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema se basaba en la entrada continua de nuevos inversionistas, lo que finalmente ocasionó su colapso y significantes pérdidas económicas para miles de personas.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.

Denuncias de protección política y crisis de confianza

El diputado Edgardo Castro señaló que la operación de Koriun Inversiones fue posible gracias a la protección de figuras políticas, fiscales y funcionarios públicos. Castro cuestionó la falta de acción oportuna por parte de las autoridades de supervisión y exigió una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de quienes facilitaron o permitieron el fraude. También se mencionó la participación de alcaldes que recomendaron la empresa y la omisión de fiscales ante alertas tempranas.

El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la devolución de su dinero y expresaron temor de perder su inversión. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la devolución a los inversores en la medida que sea factible, aunque se prevé que el proceso sea complicado y extenso. El caso ha revelado la susceptibilidad de las personas ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.