Honduras endurece leyes contra protestas: riesgos para derechos humanos

La aprobación reciente de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en varios sectores sociales y políticos del país. Estas enmiendas se han considerado como una transformación significativa en el marco jurídico que regula las manifestaciones sociales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado por la percepción de que estos cambios podrían emplearse para restringir el derecho a manifestarse y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.

La Asamblea Nacional implementó modificaciones que endurecen las sanciones para delitos relacionados con la protesta ciudadana, sobresaliendo la inclusión del artículo 378-A. Esta normativa estipula que cualquier acto de protesta realizado por dos o más individuos podría resultar en un incremento de la pena de cárcel, que se establece entre seis y diez años, además de la inhabilitación total. Entidades de derechos humanos y voceros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas reformas para penalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.

Cambios en las leyes penales y su efecto en la manifestación social

Las modificaciones al Código Penal han provocado críticas de instituciones tanto nacionales como internacionales. El incremento de las penas para individuos que participen en manifestaciones grupales se ha visto como un posible medio para desalentar la movilización de la población. Entidades de derechos humanos argumentan que estas políticas podrían usarse para restringir la participación cívica y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas regulaciones se apliquen en situaciones de tensión política o durante procesos electorales, cuando generalmente aumenta la protesta ciudadana.

Los sucesos de las elecciones de 2017, durante las cuales se informaron arrestos arbitrarios y represión de personas que protestaban, aumentan el miedo de que eventos parecidos puedan ocurrir nuevamente con el nuevo marco legal. En este entorno, tanto la sociedad civil como los actores políticos han señalado el peligro de que la criminalización de las protestas se vuelva una táctica para controlar la disidencia y limitar la participación ciudadana en procesos políticos importantes.

Reacciones internacionales y llamados a la revisión

La preocupación por el impacto de estas reformas ha traspasado las fronteras nacionales. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han expresado inquietud por las nuevas disposiciones del Código Penal hondureño. Ambas entidades han instado al Estado a revisar las reformas para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la población.

En esta situación, se resalta la relevancia de asegurar la observancia de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales se usen como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diversos grupos sostienen la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la defensa efectiva de las libertades esenciales en Honduras.